Se creará una fiscalía general e independiente de delitos económicos del estado federal que se encargará de las investigaciones cuando el estado participe en empresas o cuando antiguos cargos electos estén implicados en la dirección o consejo de supervisión de tales empresas. La fiscalía a encargar que investigue no debe estar implicada en el asunto a investigar. Esto también garantiza la independencia de las investigaciones cuando el estado esté involucrado.