Política fiscal

La política fiscal es un desastre. Nadie que trabaje como autónomo sabe realmente a qué carga fiscal está sujeto y si las declaraciones resisten una evaluación, ya que hay opiniones muy diferentes sobre las distintas situaciones fiscales y las autoridades fiscales aplican sus propias directrices, que tampoco observan siempre la jurisprudencia sino que tienen en cuenta el principio del máximo beneficio para el estado.

La fórmula del colega Friedrich Merz fue brillante y clara, aunque en su tiempo no despejara todo lo que impidiera la justicia fiscal en detalle. Partiendo de esta concepción debe replantearse todo el sistema tributario desvinculado del antiguo sistema.

El objetivo de la política fiscal sólo puede consistir en que los fuertes sean solidarios con los débiles. Es tarea del estado organizar la redistribución.

Los impuestos son demasiado altos para los ingresos medios. Muchos lo sienten como un castigo por su trabajo. El aumento de los tipos impositivos comienza demasiado pronto y grava desproporcionadamente los ingresos bajos.

Sin embargo, debido a la tasa de inflación y al desarrollo del poder adquisitivo, a lo largo del tiempo no sólo han cambiado significativamente los límites de los ingresos sino también el coste de la vida, de modo que el marco establecido ya no es correcto. Todos los tipos impositivos fijos deben aumentar linealmente en 15.000 euros para restablecer la justicia fiscal.

Se suprimen todas las posibilidades de depreciación y los costes también deben deducirse en el año en que realmente se hace el pago. Sólo esto refleja la realidad económica y promueve un clima favorable a la inversión.

Las tasas de inflación comunicadas a la población en los últimos años son erróneas. El resultado deseado sólo se logró mediante una modificación irreal de la cesta de la compra. El pueblo tiene derecho a conocer las cifras reales. Con este fin se puede encargar a tres institutos independientes que determinen la tasa de inflación real de los últimos 10 años. Partiendo de la media de estas informaciones se publica entonces la tasa de inflación real de los últimos 10 años y sobre esta base se realizan las acciones públicas y los ajustes de salarios y pensiones.